Desde este 5 de septiembre de 2026 comienza a regir en toda Argentina la Ley 27.801, que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil y baja de 16 a 14 años la edad de imputabilidad, permitiendo que adolescentes desde esa edad puedan quedar alcanzados por un proceso penal.
Aunque la reforma penal permitirá que los adolescentes de 14 años puedan ser judicializados por delitos previstos en el Código Penal, estos seguirán enmarcados bajo un sistema especial, que contemplará penas, medidas alternativas y, en determinados casos, privación de la libertad.
Además, las sanciones que serán aplicadas a los menores judicializados deberán orientarse a la responsabilidad legal por los actos cometidos y a la educación, resocialización e integración social del adolescente. Es por eso que se introducirá un sistema con penas, controles y mecanismos de seguimiento que antes no estaban previstos de la misma forma.
Entre los cambios centrales, la norma prohíbe las penas de reclusión y prisión perpetua para adolescentes. Al mismo tiempo que fija que el máximo de las penas privativas de libertad será de 15 años, la ley prevé la posibilidad de que accedan a la libertad condicional. Sin embargo, deberán cumplir los dos tercios de la condena y verificarse las condiciones exigidas para ese beneficio.
Otra de las novedades se trata del monitoreo electrónico adolescente, pensado para controlar el cumplimiento de determinadas sanciones o funcionar como medida dentro del régimen penal juvenil.
En materia de alojamiento, la norma dispone que los menores privados de libertad deberán permanecer en instituciones acondicionadas para ese fin, con personal especializado. Asimismo, se prohíbe que adolescentes compartan encierro con personas mayores de edad.