A tres semanas del crimen de Ian Cabrera en una escuela de San Cristóbal y luego de las reiteradas amenazas de atentados en diversas instituciones escolares de la provincia, el Gobierno de Santa Fe emitió una alerta preventiva dirigida a toda población.
El Ministerio de Seguridad de Santa Fe registró el pasado viernes 65 denuncias por amenazas en establecimientos educativos de todo el territorio provincial. Así lo informó el ministro Pablo Cococcioni, quien señaló que el fenómeno obedece a una dinámica conocida: cuando ocurre un hecho conmocionante, suele desencadenarse un “segundo capítulo” de llamadas, notas y mensajes que, aunque en muchos casos son percibidos como bromas, son tratados con toda la gravedad institucional.
“Una causa penal deja huellas que no siempre son agradables para la persona a futuro. Lo que se plantea como chiste años después va impedir viajar al exterior, obtener certificados de buena conducta, que los padres deban cumplir reglas de conducta y en casos extremos, puede haber institucionalización de menores involucrados”, indicó Pablo Cococcioni.
Además del proceso penal, la Provincia avanzará sobre el patrimonio de los responsables. El ministro informó que se instruyó al área Legal y Técnica para interponer acciones de resarcimiento económico. “En los casos donde tenemos personas identificadas, sean punibles o no (en referencia a los menores), vamos a demandar el pago por los daños causados”, sentenció.
Según el relevamiento oficial, un operativo básico de despliegue —que incluye la movilización de patrulleros, brigadas de explosivos y bomberos— tiene un costo operativo que oscila entre los 5 y 6 millones de pesos. Este monto contempla el combustible y las horas de Servicio de Policía Adicional (OSPE) del personal afectado.