La concejal Giselle Miravete, de La Libertad Avanza, presentó un Proyecto de Comunicación mediante el cual solicita al Departamento Ejecutivo Municipal información precisa sobre el anunciado traspaso del servicio de agua potable de Santo Tomé a Aguas Santafesinas S.A.
El pedido surge luego de que el pasado 11 de septiembre se anunciara públicamente que el servicio de agua de red pasará a la órbita de la empresa estatal, en un contexto atravesado por una deuda que, según señala el proyecto, ascendería al menos a $6.000 millones. La iniciativa también advierte que durante años los vecinos continuaron abonando por un servicio deficiente y reclama conocer qué ocurrió con esos recursos.
Desde la banca de Miravete se plantea una cuestión central: un cambio de esta magnitud no puede limitarse a un anuncio. Los santotomesinos tienen derecho a saber cómo, cuándo y bajo qué condiciones se realizará.
Por eso, el proyecto exige conocer la fecha estimada para el cambio de régimen, las especificaciones completas del plan de transición, las condiciones bajo las cuales Aguas Santafesinas pasará a prestar el servicio y, de existir, cuál será el costo aproximado de esa transición.
Además, Miravete solicita que se detalle el anunciado plan de “inversiones y planificación”, especificando concretamente qué obras de infraestructura se ejecutarán en Santo Tomé, cuál será el presupuesto provincial destinado a cada una y en qué plazos se llevarán adelante.
Otro de los puntos centrales es el bolsillo de los vecinos. El pedido requiere conocer cuál será el esquema tarifario proyectado por la Provincia bajo la premisa de “justicia y eficiencia”, cuál es el costo real del servicio y si existirá algún régimen de contención que permita amortiguar el impacto económico del traspaso.
“La preocupación es concreta: quienes pagaron todos los meses no pueden terminar pagando nuevamente, a través de aumentos tarifarios, las consecuencias de la ineficiencia y la falta de administración del Estado”, expresó Miravete.
El proyecto también exige respuestas sobre la deuda contraída con ASSA desde 2024, si existieron acciones preventivas de la Provincia para impedir que alcanzara semejante magnitud, cuántos vecinos abonan regularmente la tasa y qué destino tuvieron los montos recaudados que no fueron devengados a Aguas Santafesinas.
“Desde La Libertad Avanza sostenemos una premisa simple: el vecino que cumplió no puede ser la variable de ajuste de quienes administraron mal. El traspaso del servicio debe realizarse con reglas claras, información pública, inversiones concretas y números sobre la mesa. Antes de hablar de “justicia y eficiencia”, el Municipio y la Provincia deben explicarles a los santotomesinos cuándo comienza el nuevo sistema, cómo será la transición, qué obras van a realizar y, fundamentalmente, cuánto les va a costar”, finalizó.