La concejal de La Libertad Avanza, Giselle Miravete, respaldó el proceso de traspaso del servicio de agua y cloacas a Aguas Santafesinas S.A. (ASSA), pero planteó la necesidad de que el Ejecutivo Municipal respete la función de control del Concejo y garantice que toda decisión relevante vinculada al proceso sea informada y sometida al tratamiento del cuerpo deliberativo.
En ese sentido, Miravete propuso modificaciones al proyecto de ordenanza para establecer que las decisiones relacionadas con la asunción, modificación o refinanciación de obligaciones económicas; los compromisos de gastos e inversiones; la transferencia, cesión o concesión de bienes e infraestructura; y las definiciones vinculadas al personal municipal afectado al servicio, sean informadas y pasen por el Concejo Municipal.
“Estamos de acuerdo con el traspaso. Lo que no podemos permitir es que, en el marco de ese traspaso, el Ejecutivo avance sin que el Concejo conozca y apruebe las decisiones que comprometen recursos, bienes o el futuro del municipio”, sostuvo Miravete.
La concejal remarcó que el objetivo de las modificaciones no es obstaculizar el proceso, sino garantizar que exista información, documentación y seguimiento institucional durante cada etapa. “El Concejo es el órgano de control de la Intendencia y tiene que cumplir con esa función”, señaló.
Entre los principales puntos que Miravete busca incorporar, se encuentran la obligación de informar y someter a consideración del Concejo cualquier acuerdo que implique asumir o modificar deuda, refinanciar obligaciones, comprometer recursos de ejercicios futuros, realizar inversiones o disponer de bienes e infraestructura vinculados al servicio.
También planteó la necesidad de conocer qué sucederá con los trabajadores municipales que actualmente prestan funciones en el servicio y cuáles serán las condiciones de su eventual reasignación, especialmente en el caso de empleados de planta permanente con años de experiencia.
A su vez, la edil presentó un artículo 3 bis para establecer que el Ejecutivo informe al Concejo, en un plazo máximo de 30 días, el avance de las gestiones vinculadas al traspaso. Para Miravete, el proceso debe avanzar, pero con reglas claras: “El ciudadano necesita un servicio eficiente y el traspaso es necesario, pero eso no significa darle al Ejecutivo libertades para pasar por arriba al Concejo”.