El hallazgo de armas de grueso calibre, fusiles de asalto chinos y armamento de la Otan enterrados una casa quinta de Roldán, que sería propiedad de integrantes de la banda Los Menores, encendió una alarma de máxima gravedad en Santa Fe. Según un informe de la Subsecretaría de Inteligencia Criminal, ese arsenal podría haber formado parte de un plan para atentar contra el gobernador Maximiliano Pullaro.
El dato fue confirmado por el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, quien sostuvo que “tenemos un informe de inteligencia que nos alertó de esto: los atentados iban a ser por parte de algunos integrantes de esa banda contra el gobernador y sobre algunos de sus funcionarios”. El funcionario remarcó que se trabaja sobre una hipótesis, pero advirtió que ya se están evaluando protocolos específicos de seguridad en torno al mandatario provincial.
El funcionario, en diálogo con el programa Radiópolis, de Radio 2, detalló que esa información inicial tomó un carácter mucho más firme en el último tiempo. “A partir del hallazgo de algunas de las armas de muy alto calibre, termina corroborándose desde la información de que desde por lo menos tres fuentes distintas e independientes entre sí, nos estaba llegando”, sostuvo el titular de la cartera de Seguridad, quien remarcó que esto obligó al Estado a tomar medidas contundentes.
Para el ministro, el eventual plan para atacar el gobernador está directamente relacionado con el endurecimiento de las condiciones de detención para los presos de alto perfil en las cárceles santafesinas y en el sistema federal, además del avance en la construcción de la nueva unidad carcelaria conocida como “El Infierno”. El ministro señaló que los reclusos peligrosos llevan casi dos años en un régimen de aislamiento pleno. “Esta gente tiene una sola cosa en la cabeza, y es que Pullaro, mientras sea gobernador, la situación de ellos no va a mejorar en absoluto y lo saben”, afirmó.
Además de reforzar la sede de gobierno, el protocolo elaborado sugiere “revisar todo lo que son los movimientos personales, la radicación de su persona y de su familia, y las actividades por ahí a mi juicio innecesarias de exposición pública”. No obstante, el ministro admitió que la última palabra sobre estas restricciones la tiene el propio gobernador, ya que “no le puedo claramente imponer, dar órdenes o imponer limitaciones, pero sí uno trata por lo menos de señalar que (…) hay que aceptar mayores limitaciones de las que uno está dispuesto alegremente a tolerar”.