El presidente Javier Milei oficializó este lunes a través del Boletín Oficial el veto total a los tres proyectos de ley de carácter social que había sancionado el Congreso: el de aumento a las jubilaciones, el que reinstauraba la moratoria previsional y el que declaraba la emergencia en discapacidad.
El Gobierno justificó su decisión por considerar que los proyectos eran “fiscalmente irresponsables”, con un impacto estimado de 17 billones de pesos hacia 2026. Además, cuestionó el proceso legislativo por presuntas “graves nulidades” durante la votación en el Senado.
El Gobierno fue contundente en su rechazo, basándose en dos ejes principales:
- Costo fiscal “exorbitante”: El decreto afirma que los tres proyectos en conjunto implicarían un gasto adicional de más de 7 billones de pesos en 2025 y cerca de 17 billones de pesos en 2026. Sostienen que esto equivale a casi el 1% del PBI para este año y al 1,68% para el próximo, lo que “dificultaría el cumplimiento de las metas fiscales” y pondría en riesgo el equilibrio fiscal, al que califican como “innegociable”.
- Vicios en el procedimiento legislativo: El Ejecutivo también argumentó que el proceso de aprobación en el Senado estuvo “viciado por graves nulidades”. Señalan que la sesión del 10 de julio se realizó sin la citación previa correspondiente y que el tratamiento de los proyectos se habilitó con una mayoría simple cuando se requerían dos tercios, debido a una “ilegítima interpretación del Reglamento”.
Tras el veto presidencial, el Congreso podrá insistir con los proyectos, pero necesitará una mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras para convertir las leyes en definitivas.