En el marco de la causa que investiga las estafas atribuidas al “Gigoló de Santo Tomé“, se llevó adelante una audiencia clave para el futuro patrimonial de las damnificadas.
El abogado querellante, Agustín Márquez, charló en LT10 y solicitó el cese del estado antijurídico, una medida cautelar que busca frenar el perjuicio económico que aún sufren las víctimas. Explicó que la medida pretende que las entidades bancarias dejen de descontar montos significativos de los haberes de su representada. Según la imputación, el acusado habría solicitado préstamos a nombre de la mujer utilizando sus datos personales de forma fraudulenta.
“Es una medida con esencia de cautelar. Solicitamos que se le deje de descontar un monto que ya lleva más de un año afectando su salario y que se la quite de la condición de deudora en el Veraz y en la Central de Deudores“, detalló el letrado.
“Esta medida tiende a proteger no solo la integridad del proceso, como ocurre con la prisión preventiva del imputado, sino también el patrimonio que se vio afectado”, remarcó Márquez.
El perjuicio económico para la mujer representada por Márquez asciende aproximadamente a los 5 millones de pesos. El impacto es tal que, según el abogado, la víctima percibe actualmente casi la mitad de su sueldo debido a los descuentos automáticos.