El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe formalizó el protocolo de recupero y resarcimiento de gastos por operativos derivados de falsas amenazas. La medida surge tras un alarmante incremento de este fenómeno: solo en la jornada de ayer se reportaron 78 llamados de norte a sur de la provincia.
La medida fue confirmada por Georgina Orciani, secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Justicia y Seguridad, en una entrevista con LT10. Según detalló, el objetivo es recuperar los gastos que implica cada intervención, que pueden alcanzar entre 6 y 7 millones de pesos.
“Esto no es una broma, es un delito tipificado en el Código Penal”, remarcó la funcionaria, al tiempo que advirtió sobre el impacto económico que generan estas situaciones: movilización de policía, brigadas especializadas, bomberos y operativos de tránsito.
Ante la proliferación de casos en instituciones educativas, la funcionaria fue contundente respecto a la responsabilidad de los adultos: “Si la llamada la hizo un chico, la pagan los padres”. En ese sentido, destacó la necesidad de un trabajo mancomunado entre las escuelas, el Estado y las familias para desnaturalizar estas conductas que generan una gran “alarma social”.